Fuera de los casos previstos en el tipo básico de tráfico de drogas del art. 368 del Código Penal, nos encontramos tanto con figuras no punibles como con los diferentes tipos agravados del delito, regulados en los arts. 369 a 370 CP.
Analizamos las características de las figuras no imputables del tráfico de drogas como son el autoconsumo, el consumo compartido y la posesión o entrega de cantidad insignificante, por no lesionar el bien jurídico protegido al no poner en peligro la salud pública. En cuanto a los tipos agravados, examinamos sus elementos, que habrá que probar. ¿Qué se considera establecimiento abierto al público a efectos del tráfico de drogas? Para calcular la cantidad de notoria importancia, ¿se debe tener en cuenta la pureza de la droga? ¿Qué características tiene la organización criminal en el tráfico de drogas? En el estudio jurisprudencial contenido en el presente Cuaderno se analizan estas cuestiones, entre otras, a través de las resoluciones dictadas por nuestros jueces y tribunales en sus resoluciones.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Revisión de sentencias condenatorias firmes por delitos sexuales tras la Ley Orgánica 10/2022 · Dos años de aplicación práctica de la nueva versión del sistema de plazos del proceso penal (art. 324 LECrim) · Cuantificación de los daños morales

La reclamación del pago de los gastos extraordinarios de los hijos entre los progenitores es uno de los procesos de ejecución de familia que con mayor frecuencia se instan ante nuestros tribunales, y esa es la razón por la que hemos reunido en esta selección de jurisprudencia las cuestiones más habituales que se plantean en la práctica.
Partimos de dos grandes bloques: los supuestos en los que procede la ejecución del gasto como extraordinario y los supuestos en los que no procede, aunque se trate a veces del mismo tipo de gasto. Así, para poder determinar si procede o no la ejecución del gasto como extraordinario, habrá que atender a distintas cuestiones: al contenido del título ejecutivo, a si ha habido una aceptación expresa del gasto, o a si se ha pactado en el convenio como extraordinario o como ordinario. Por supuesto, también es necesario que haya un conocimiento o consentimiento respecto a su pago o incluso podrá valorarse si ha existido un abono previo de los gastos que se reclaman como extraordinarios.
No procederá la ejecución como extraordinario cuando el gasto se derive de una decisión unilateral del progenitor ejecutante, y, por supuesto, debe tratarse de gastos urgentes o necesarios.
No debe olvidarse, además, que, previamente a su reclamación, tiene que determinarse la naturaleza del gasto, debiendo acudir para ello al incidente regulado en el art. 776.4 LEC, cauce legal obligatorio cuando se quiere reclamar un gasto como extraordinario que no esté previsto en el título ejecutivo. Son muy interesantes las resoluciones recogidas en este apartado del estudio.
Finalmente, pero no por ello menos importante, hemos considerado necesario prestar atención a la mediación en las reclamaciones de gastos extraordinarios, tanto cuando existen pactos alcanzados en mediación como la recomendación de acudir a ella para lograr acuerdos antes de recurrir a la vía judicial.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Según la nueva redacción del art. 96 CC, ¿es necesario volver a valorar las circunstancias para extinguir el uso de la vivienda familiar cuando los hijos menores alcancen la mayoría de edad? · Las videoconferencias transfronterizas como medio de simplificación y aceleración de la obtención de pruebas en los procesos de Derecho de Familia en la Unión Europea · El interés superior del menor y la suspensión del régimen de visitas

Como todos los años desde la reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación por la Ley 35/2015, sepín publica esta Guía que contiene los criterios de actualización del ?Baremo de Tráfico? para el año 2023, las tablas de lucro cesante y de ayuda de tercera persona y las técnicas de aplicación a los accidentes ocurridos a partir del 29 de octubre de 2022 y a los lesionados en accidentes anteriores cuyas secuelas se hayan estabilizado a partir de esa fecha.
Como novedad, se acompaña a esta publicación un conjunto de casos prácticos que sirven como instrucciones para el uso de las diferentes tablas y elemento de compresión del cálculo según el sistema baremado, de la aplicación práctica de la ?quota sibi? y de la ?formula de Balthazar?, sobre todo para visualizar las cuantías resultantes tras las últimas modificaciones.

Esta obra permite, de manera directa, identificar los principales impactos de la Directiva sobre Reestructuración e Insolvencia y de la Ley 16/2022, de transposición, en materia de créditos garantizados. Además del marco general, en lo que afecta a esta materia, de la reforma de 2022, se abordan, de manera especial, aspectos tales como el tratamiento concursal de los bonos garantizados regulados por el Real Decreto-Ley 24/2021, los nuevos planes de reestructuración, el procedimiento especial para microempresas, la exoneración del pasivo insatisfecho (o segunda oportunidad), las herramientas de alerta temprana, el régimen de los avales ICO relacionados con la pandemia o el de las garantías financieras.

Esta obra se centra en el análisis de uno de los mecanismos de la solución del concurso de acreedores, en concreto, el convenio concursal, abordando un estudio exhaustivo de la figura con las novedades arrojadas como consecuencia de la promulgación de la Ley 16/2022, de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal. Son muchas las cuestiones en las que el legislador ha pretendido agilizar la tramitación, flexibilizar la aprobación y lograr la viabilidad del convenio concursal, de forma que se convierte en una herramienta imprescindible para su estudio y aplicación práctica.
En definitiva, se aborda desde una perspectiva global y actualizada la figura del convenio concursal con el objetivo de proporcionar una visión sistemática y analítica de esta figura, que resulte de utilidad e interés para quienes desempeñan su labor profesional en este ámbito.

Esta obra coral se concibe como una herramienta básica para conocer la esencia del Derecho internacional privado a fin de afrontar con garantías cualquier supuesto práctico iusinternacionalprivatista. Se compone de 14 capítulos donde se desarrollan los aspectos más importantes de la materia, con elementos clave para la resolución de casos prácticos, un cuadro resumen de las fuentes del Derecho internacional privado español de origen institucional, convencional y autónomo, así como instrumentos jurídicos básicos y enlaces web recomendados.

Con la reciente entrada en vigor de la reforma del TRLC se ha producido la regulación de la figura del experto independiente en reestructuraciones y se han potenciado otras figuras análogas, tales como los expertos independientes designados en procedimientos de prepack concursal.
Estas cuestiones son tratadas en la obra El estatuto del experto independiente, actualizada a la Ley 16/2022 y que comprende no solo un estudio teórico de las figuras, sino además un análisis práctico ideal para profesionales de la insolvencia, así como formularios de resoluciones confeccionadas por Letrados de la Administración de Justicia con gran trayectoria en los Juzgados de lo Mercantil, lo que lo hace imprescindible para la práctica profesional ante los juzgados y tribunales.

Publicación que reúne todas las ponencias de las ?XXX Jornadas Centrales de Derecho de Familia (AEAFA)? - marzo 2023. Cuenta con la intervención de ilustres juristas y especialistas, como los magistrados M.ª ÁNGELES PARRA LUCÁN, JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG, FRANCISCO JAVIER FORCADA MIRANDA y Antonio Javier Pérez Martín, la catedrática de Derecho Civil MATILDE CUENA CASAS, las profesoras de Universidad CARMEN LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ y CLARA GAGO SIMARRO y el psicólogo MIGUEL FERNÁNDEZ GALÁN. Se abordan temas de máxima actualidad e interés en el ámbito de Familia, Sucesiones, Infancia, Menores, Derecho Internacional, Abogacía y Psicología, como la liquidación de los regímenes económico matrimoniales con sus novedades y consolidación de criterios; la custodia de los menores y el carácter vinculante de los pactos matrimoniales en la reciente doctrina jurisprudencial; las cuestiones prácticas en torno al Reglamento (UE) 2019/1111, la nueva problemática que plantean las acciones de filiación; el concurso de acreedores en el ámbito de Familia; las acciones en defensa de los derechos hereditarios y protección de los legitimarios; y el bienestar del abogado/a de Familia y las claves para afrontar una profesión con un importante impacto emocional.

En la presente publicación se recogen los criterios jurisprudenciales sobre los daños provocados por el incumplimiento de las obligaciones de las empresas eléctricas.
Para ello se muestran los criterios generales a tener en cuenta, como son los conceptos de consumidor o usuario de energía eléctrica; el producto; el servicio o producto defectuoso; el productor; el suministrador y la comercializadora. Además, se trata la duda sobre la normativa aplicable a este sector, si es la específica, la del Código Civil o la de los consumidores.
En una segunda parte, se analiza la respuesta de los jueces según el origen del daño, por fenómenos atmosféricos, en una instalación privativa, en un elemento de la Comunidad de propietarios o en los equipos de la empresa de electricidad.
Y además, en la parte de Actualidad:
· En el cómputo de los plazos en la fase de instrucción, ¿son todos los días hábiles para cualquier tipo de actuación? · Los procedimientos judiciales por amianto veinte años después de su prohibición
· Conducción de patinete eléctrico

La figura jurídica de la enervación de la acción de desahucio por falta de pago consiste en la posibilidad que tiene el arrendatario de evitar la resolución del arrendamiento pagando las cantidades adeudadas. Ha sufrido varias modificaciones legislativas y, en la actualidad, aparece regulada en el art. 22, apdo. 4, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero.
Abordamos en este estudio jurisprudencial las cuestiones que suscitan problemática y que son objeto de un número abundante de recientes resoluciones judiciales: ¿Cuáles son los requisitos del requerimiento previo? ¿Debe comunicarse expresamente la resolución del contrato ante el impago? A efectos del cómputo, ¿qué sucede cuando han existido enervaciones anteriores? ¿Qué cantidades deber ser consignadas o pagadas para enervar la acción? ¿Cuál es el criterio de los tribunales si el pago se produce una vez interpuesta la demanda y hasta la celebración de la vista? ¿Se impondrán costas al arrendatario que ha motivado el procedimiento?
Y además, en la parte de Actualidad:
· Interdicto de recobrar y okupas · Hacia la limitación de la renta en el arrendamiento de vivienda · Situación de vulnerabilidad en juicio de desahucio y falta de adopción de medidas por las Administraciones Públicas